A inicios de la década de los 90´s al instaurarse la Dictadura Fujimorista un grupo de asesores económicos de tendencia Neo liberal da inicio a un conjunto de políticas para recuperar el sistema económico nacional después del desastre en que el gobierno aprista había dejado el país. El alto grado de burocratización que había alcanzado el aparato Estatal en el quinquenio 85 - 90 brindó el terreno propicio para que sin mayor análisis se ponga en el mismo saco a todas las empresas estatales y se formalice vía DL 674 (25.09.1991) la Ley sobre el interés nacional de la Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado creándose para tal fin la COPRI.
La política del gobierno fue consolidando el proceso privatizador y así sucesivamente Pro inversión, Cofopri entre otros organismos fueron desarrollando y ejecutando el Plan de promoción de la inversión privada en el tiempo, desde aquella época a la fecha el conjunto de políticas del MEF han seguido encaminados en el mismo sentido, promocionando entre la población los beneficios que se obtendrían con la inversión privada confundiendo este tema con la administración de empresas estratégicas por parte de operadores privados y peor aún sin hacer un alto para evaluar los resultados del proceso sobre las empresas privatizadas en esta etapa.
Triste es saber que a más de 15 años de inicio de la privatización de empresas de servicios, aún tenemos la segunda tarifa más alta en la región en lo que se refiere a telefonía celular, evidentemente el ciudadano de a pie se preguntará ¿De que manera le beneficia la presencia de operadores privados? sí en la practica se demuestra que el accionar de los órganos reguladores ha sido tolerante y la legislación vigente totalmente permisiva ha generado un aprovechamiento de los operadores y donde los mas afectados siguen siendo los usuarios.
LA RESPUESTA SOCIAL
De un lado diferentes organizaciones populares y gremiales se han manifestado desde el ámbito social donde se desarrollan, presentado una serie de iniciativas legislativas que lamentablemente han sido desatendidas, de otro lado el compromiso por la No privatización suscrito por el mismo Alan García cuando era candidato a la presidencia ha sido desechado por Mercedes Araoz actual Ministra de economía con la promulgación del DS 176-2010-EF que reglamenta el DL 1031 y que en diciembre se concretiza con la publicación del cronograma de venta del 20 % de acciones de las empresas públicas en su primera etapa.
En este contexto, la “Constitucionalización del agua como derecho humano” surge como alternativa de las diferentes fuerzas que desde la sociedad civil consideran que la defensa del agua es mas que la defensa de un simple “bien” es la defensa de la vida y la salud de los peruanos pues brindar de agua y desagüe trae consigo un sin numero de externalidades positivas que deben ser correctamente valuadas para el diseño de políticas del sector.
La dicotomía “Inversión privada - Operador privado” es un tema que requiere un profundo análisis para que no se vuelva a repetir lo que sucedió con la privatización de empresas de telefonía o energía eléctrica donde acceder al servicio es relativamente fácil pero sostener el pago de los mismos para muchos peruanos se hace casi imposible.
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