Secretario general político del Apra opinó que si han cometido delitos, que les caiga todo el peso de la ley.
El secretario general político del Apra, Wilbert Bendezú, sostuvo ayer que no puede haber espíritu de cuerpo con ningún militante aprista que esté involucrado en las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en el caso Sedapal-Julinho por la cuestionada adquisición de dos plantas de tratamiento de agua potable para el distrito de San Bartolo, que terminó beneficiando a la empresa brasileña TFKC Reprex.
Bendezú se refirió así al caso que enfrentan el actual ministro de Vivienda, Juan Sarmiento, por su actuación como directivo de Sedapal; el ex presidente de la empresa estatal, Guillermo León Suematsu; el actual mandamás de la misma, Víctor López Orihuela, entre otros integrantes de la plana mayor.
“Ojalá que las personas que están comprometidas allí, ligadas al partido, no tengan ninguna responsabilidad; pero al mismo tiempo, esperamos que si así fuera, que les caiga todo el peso de la ley”, consideró el dirigente del partido de gobierno.
“Si es que se ha cometido tropelías, irregularidades, delitos, que haya toda la sanción para ellos. Pero yo confío en que mis compañeros no tengan ninguna responsabilidad”, expresó.
Como se recuerda, la Contraloría concluyó su investigación sobre dicho caso y, el jueves último, presentó su informe final, concluyendo que el directorio y la gerencia de Sedapal incurrieron en el presunto delito de negociación incompatible al haber beneficiado, de manera irregular, a la empresa TFKC Reprex con un contrato de S/.4.4 millones.
REACCIONES EN EL CONGRESO. Por su parte, el congresista Víctor García Belaunde (AP) recordó ayer que antes de contratar a TKFC, Sedapal declaró en emergencia la situación del agua y el alcantarillado en el distrito de San Bartolo “sin ningún tipo de justificación ni sustento técnico para permitir el negociado en el cual ha participado un testaferro como Julinho”.
“El directorio de Sedapal tiene responsabilidad porque aprobó un contrato, una concesión amañada, y esa gente no ha salido; prácticamente han sido ascendidos los que participaron en este acto de corrupción. Habiendo un tema ya confirmado por la Contraloría, que en la comisión de Fiscalización también fue denunciado, el Gobierno debería cesar al presidente de Sedapal y al ministro de Vivienda”, consideró García.
En tanto, el nacionalista José Maslucán saludó el resultado del trabajo de la Contraloría de la República que, “aunque lento, ha permitido encontrar a los responsables, y el Poder Judicial tiene que actuar con toda la firmeza y claridad”.
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